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El anuncio lo realizó el intendente Carlos Koopmann, quien adelantó que la próxima semana enviará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza en línea con la Ley 3531, sancionada esta semana por la Legislatura con amplia mayoría.
En el caso de Zapala, la exigencia alcanzará al intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, Fiscal Administrativo Municipal, Junta Electoral Municipal y Juez de Faltas.
“Es necesario que la política brinde a los ciudadanos señales claras de transparencia y responsabilidad al momento de ejercer un cargo en la función pública, eliminando cualquier privilegio”, afirmó Koopmann. Explicó que las pruebas se realizarán de manera sorpresiva y confidencial, y que los implicados tendrán derecho a defensa a través del procedimiento previsto en la ley, que contempla la posibilidad de una contraprueba.
El intendente destacó la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de “combatir sin tregua el tráfico de drogas” y remarcó que la normativa apunta a garantizar que los funcionarios cumplan sus tareas “de manera responsable, transparente y sin vínculo alguno con el narcotráfico”.
Los exámenes estarán destinados a detectar la presencia de sustancias psicoactivas prohibidas como metabolitos de opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y barbitúricos.
Al igual que en la ley provincial, el costo de cada análisis estará a cargo del propio funcionario, descontado de sus haberes.
En caso de un resultado positivo confirmado en la contraprueba, el informe será remitido al organismo en el que desempeña funciones la persona afectada, para que se apliquen los mecanismos previstos en la Carta Orgánica municipal y la normativa vigente sobre responsabilidad de funcionarios públicos.
